VeriFactu y compensaciones: ¿quién asume el coste de haber invertido antes?

Comprar un programa, adaptar el TPV, formar a la plantilla y llegar preparado a una fecha oficial exige dinero y tiempo. Cuando esa fecha cambia, los gastos ya realizados siguen en la cuenta de resultados. Por eso, el debate sobre VeriFactu empieza a incorporar otra pregunta: ¿quién asume el coste de haberse preparado antes?

La Casa del TPV plantea esta cuestión en su nota del 7 de octubre de 2026. El anuncio de un nuevo aplazamiento devuelve la atención a las inversiones que comercios, restaurantes y proveedores tecnológicos realizaron confiando en el calendario de adaptación.

Existe, además, una petición pública que reclama medidas de compensación por los cambios de fechas. Conviene situarla correctamente: nació con el retraso a 2027, antes del anuncio actual sobre octubre de 2028.

Qué ha anunciado Hacienda sobre VeriFactu

El Ministerio de Hacienda comunicó el 5 de octubre de 2026 su previsión de trasladar a octubre de 2028 las obligaciones pendientes del reglamento de sistemas informáticos de facturación. Busca coordinar el calendario con la factura electrónica de empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los ocho millones de euros.

Es necesario distinguir el anuncio de la norma que lo formalice. En la comprobación realizada para este artículo, el BOE consultado y la nota de plazos aprobados de la AEAT mantienen las fechas de 2027: enero para entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y julio para el resto de obligados. El anuncio de 2028 no debe presentarse como si, por sí solo, hubiera modificado esas obligaciones.

Ese cambio anunciado vuelve a poner sobre la mesa una preocupación económica: las empresas planificaron compras y desarrollos con unas fechas, pero la demanda vinculada a la adaptación puede desplazarse.

La inversión no se limitaba a una actualización

Según expone La Casa del TPV, la preparación ha implicado recursos de distinto tipo: desarrollo y adaptación de programas, licencias, infraestructura, consultoría, formación y tiempo de los equipos. Algunos negocios también han renovado terminales y ordenadores dentro de sus proyectos de modernización.

Esto no significa que VeriFactu obligue a todos los establecimientos a comprar un TPV nuevo. Cada inversión tiene una justificación distinta. Un equipo puede seguir siendo útil y un programa puede mejorar la gestión diaria aunque cambie el calendario.

Para un restaurante, el esfuerzo puede haber incluido configurar el catálogo, comprobar impuestos, trasladar datos y enseñar al personal a utilizar el sistema. Para una tienda, organizar referencias y conectar la facturación con el inventario. Son ejemplos de trabajo que requiere tiempo y que no desaparece al anunciarse una prórroga.

“Un aplazamiento no devuelve las horas de programación, no cancela retroactivamente los servidores contratados ni recupera el coste de los equipos que se han dimensionado para atender la demanda. El gasto ya está ejecutado; lo que se retrasa es el ingreso que muchas empresas esperaban obtener de esa inversión”.

Así lo explica José Ángel Salas, director de La Casa del TPV, en la nota de prensa.

El problema de los proveedores: el desarrollo está pagado, pero las contrataciones pueden esperar

La preocupación de una empresa de software tiene una dimensión diferente a la del usuario final. Puede haber reforzado su equipo y terminado un producto para atender una incorporación de clientes que ahora corre el riesgo de producirse más tarde.

La Casa del TPV advierte de que, si esas contrataciones se posponen, también pueden desplazarse las cuotas recurrentes con las que el proveedor esperaba recuperar su inversión.

Una previsión de ingresos no equivale a una pérdida acreditada. El efecto depende de los contratos, de las decisiones de los clientes y de cuánto valor aporte la solución al margen de la obligación fiscal. Sin datos de cada empresa, no sería riguroso atribuir al conjunto del sector una cifra de perjuicio.

Pero el riesgo empresarial resulta comprensible: mantener equipos, soporte e infraestructura mientras se retrasa parte de la demanda puede obligar a revisar presupuestos y planes comerciales.

Qué compensaciones reclama la petición pública

La campaña de Change.org titulada “Responsabilidades por el retraso de VeriFactu a 2027” se creó el 2 de diciembre de 2025. Incluye entre sus destinatarios a Hacienda y a la Agencia Tributaria.

Plantea deducciones fiscales extraordinarias por inversiones vinculadas a la adaptación, ayudas directas para pequeñas y medianas tecnológicas afectadas y vías para acreditar y reclamar perjuicios derivados del cambio de calendario. También pide explicaciones y mayor estabilidad de los plazos.

Su texto se refiere al paso de 2026 a 2027. El anuncio de 2028 aporta un nuevo contexto al debate, pero no convierte la campaña en una petición creada esta semana.

Son medidas solicitadas, no compensaciones aprobadas. La campaña no constituye una convocatoria de ayudas ni reconoce por sí misma un derecho a recuperar gastos. Quien quiera conocer sus argumentos puede consultar y, si está de acuerdo, apoyar la petición en su página.

Pimec también pide tener en cuenta a quienes ya invirtieron

La preocupación tiene eco en el ámbito empresarial. Según el comunicado recogido por Europa Press el 5 de octubre, Pimec valora la coordinación de calendarios porque puede evitar adaptaciones sucesivas.

Al mismo tiempo, pide considerar el esfuerzo de las empresas que ya se prepararon para que esa anticipación no las coloque en desventaja. Extiende esa consideración a las tecnológicas y proveedores que desarrollaron soluciones para VeriFactu.

La posición permite separar dos cuestiones: coordinar obligaciones puede mejorar la implantación, y reconocer las inversiones previas puede ayudar a preservar la confianza de quienes siguieron las fechas oficiales.

“Unificar VeriFactu y factura electrónica puede ser una buena decisión desde el punto de vista operativo. Pero reconocer eso no significa ignorar el dinero que ya se ha invertido. Son dos debates diferentes”.

José Ángel Salas resume así la postura de La Casa del TPV.

El equipo comprado puede seguir aportando valor

Que una compra se hiciera para anticiparse a una fecha no significa que haya dejado de servir. Un TPV más estable, un catálogo ordenado o una plantilla que conoce mejor su programa pueden ofrecer mejoras desde el primer día.

Por eso, al analizar el efecto de un retraso, conviene separar el gasto realizado, la utilidad que conserva la inversión y los ingresos que se esperaba obtener. Mezclar esos conceptos puede llevar a exagerar el perjuicio o, en sentido contrario, a ignorarlo.

El problema señalado en la nota es especialmente relevante cuando se asumieron costes pensando en una demanda asociada a una fecha concreta. Ahí la cuestión no es si la tecnología funciona, sino cuándo podrá recuperarse la inversión.

Para estudiar las decisiones del propio establecimiento, puedes leer nuestro artículo sobre las inversiones tecnológicas que comercios y restaurantes deberían valorar pese al aplazamiento.

La confianza en el calendario también importa

Una empresa utiliza los plazos oficiales para decidir cuándo contratar, desarrollar y comprometer recursos. Si se modifican varias veces, resulta más difícil planificar y justificar nuevas inversiones.

La Casa del TPV sostiene que esa incertidumbre puede animar a esperar en futuras adaptaciones. Se trata de una advertencia sobre el comportamiento empresarial, no de una conclusión medida para todos los negocios.

La pregunta que plantea este debate sigue abierta: ¿debería existir un mecanismo específico para reconocer el esfuerzo económico de quienes se anticiparon a unas fechas que después cambiaron? La petición propone respuestas. Su eventual aprobación y alcance corresponderían a las instituciones competentes.

Preguntas frecuentes

¿Hay compensaciones aprobadas por los retrasos de VeriFactu?

Las medidas descritas aquí son reclamaciones de una petición pública. Las fuentes consultadas no acreditan la aprobación de un régimen específico que devuelva automáticamente esas inversiones.

¿La petición se creó por el anuncio de octubre de 2028?

No. La campaña consultada nació en diciembre de 2025 por el retraso a 2027. La nota de La Casa del TPV relaciona su planteamiento con el nuevo escenario anunciado.

¿Haber comprado un TPV permite recuperar su coste?

La compra, por sí sola, no acredita ese derecho. Tampoco implica que el equipo haya perdido utilidad. La petición propone medidas que todavía tendrían que concretarse y aprobarse.

¿VeriFactu y factura electrónica son lo mismo?

No. Son obligaciones relacionadas, con objetos distintos. Coordinar sus calendarios no las convierte en un único sistema.

Fuentes y fecha de revisión

Artículo preparado a partir de la nota de La Casa del TPV del 7 de octubre de 2026 y contrastado el 8 de octubre de 2026.

• Ministerio de Hacienda: previsión de modificación de los plazos, 5 de octubre de 2026.
• BOE: Real Decreto 1007/2023, texto consolidado consultado.
• AEAT: nota sobre los plazos aprobados de adaptación.
• Change.org: petición sobre responsabilidades por el retraso a 2027.
• Europa Press: posición de Pimec sobre los calendarios y las inversiones previas.

Imagen ilustrativa generada con IA; no representa a los portavoces citados.